La consolidación de un Estado confesional de facto en Nicaragua. La tiranía de las expresiones religiosas en los espacios públicos.

Por Byron Cárdenas Velásquez

Uno de los mayores logros de las democracias modernas ha sido la libertad religiosa, la cual vino a validar la pluralidad de creencias y el libre ejercicio de las mismas. El artículo 29 de la Constitución nicaragüense consagra aquella libertad en el sentido de “profesar o no una religión”, la misma ha sido reforzada, como no podría ser de otra forma, en la declaración de la disposición 14, que despoja y constituye un Estado sin religión oficial, como consecuencia del proceso mismo de secularización.

La gran relevancia de estas dos disposiciones constitucionales no es otra que, primero, garantizar un derecho humano a profesar o no una creencia religiosa sin discriminación alguna y, segundo, la restricción del Estado a interferir en aquel ejercicio profesando una propia en los espacios públicos. En ese sentido, la libertad religiosa  tiene su complemento en el Estado laico, de otra forma sería contradictorio e impensable que un Estado confesional garantice la libertad religiosa de sus habitantes en el amplio sentido en que es comprendida.

En Nicaragua se ha venido consolidando una práctica extendida de actos religiosos en instituciones públicas como las “purísimas” o rezos novenarios en algunas ocasiones, por citar algunos, que han convertido aquellas en santuarios, donde la expresión de religiosidad claramente católica no es hecho aislado y tiene su par en los construcción de monumentos en plazas y rotondas de Jesús, la Virgen María, la Biblia, etc., como obras públicas de los gobiernos de turno. Así reafirmando las creencias religiosas del que ha pasado por la silla presidencial, aunque para ello se haya usado el dinero público de muchos ateos, agnósticos  o simplemente no cristianos.

Sin embargo, la mayor de todas es sin duda el pseudo- cristianismo abiertamente proferido en los discursos oficiales, llenos de citas bíblicas e invocaciones de santos, que pone entredicho la vigencia del artículo 14 constitucional. La situación no es para menos, pues aunque en principio la Iglesia católica no se vería perjudicada en la difusión de sus creencias sí ha visto como le han usurpado la tribuna y la autoridad para hablar de cuestiones de religiosidad en Nicaragua. De modo que, paradójicamente ha sido la Iglesia misma quien ha salido a reclamar el carácter no confesional del Estado y exigir, con justa razón, lo que le concierne.

La petición católica no deja de ser real por cínica que pueda parecer si se vuelve la mirada a su postura en este tema en el pasado, pues conocida es su influencia en muchas decisiones de orden público. Pero cierto es que la neutralidad e independencia que se espera del Estado en la tutela de esa libertad y pluralidad de creencias de las distintas denominaciones religiosas se ha visto seriamente afectado. Sus consecuencias inmediatas son la imposición desde los espacios públicos de ciertas creencias, ritos y prácticas religiosas afines a la iglesia dominante, restando, y de allí que la pluralidad desaparece, el mismo protagonismo a las demás denominaciones y manifestaciones de religiosidad.

Por otra parte, no creo que la iglesia dominante esté de acuerdo con el verdadero contenido de la laicidad, su respuesta al tema del aborto, cuya penalización es fruto de su influencia, la educación sexual y el uso de anticonceptivos, por ejemplo, desenmascaran su doble discurso, por lo cual su justo reclamación solo se comprende en la conveniencia de retomar ese protagonismo, pero no su poder ni injerencia, pues nunca lo ha perdido. Es quizás entonces donde una nueva relación contractual pueda tener lugar, ahora para darle contenido formal a la semi-confesionalidad reinante desde los noventas.

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El fortalecimiento del SIDH. ¿Un prematuro test para las jóvenes democracias latinoamericanas?

Por Byron G. Cárdenas Velásquez

Cuando se piensa en “fortalecer” se asumen un punto de partida de ciertos mínimos, por ejemplo, unos conceptos básicamente consolidados que permitan seguir creciendo, en ese sentido, fortalecer solo puede significar mejorar y reforzar lo existente y no a la inversa, pues no está demás decir que sería un contrasentido bajo la premisa de fortalecimiento reducir aquellos conceptos mínimos en los que se supone la existencia de un consenso.

Desde esa perspectiva, la idea de fortalecer el Sistema Interamericano resulta positiva y no debería verse como un cuestionamiento fuera de contexto, salvo que tal idea se sustente en una falsa premisa y por el contrario se quiera debilitarlo, y es aquí donde coincido con la mayoría de los que hemos pasado por la Comisión Interamericana (CIDH). Pues este parece ser el gran propósito de los Estados si se atiende a sus cuestionamientos, por cierto, surgido también de la falsa premisa de soberanía estatal, entre otros, relacionado al mecanismo de las medidas cautelares, informes de país y las relatorías.

En ese escenario me parece de gran relevancia el principio democrático, tan mencionado en la jurisprudencia interamericana, y corolario de ese sistema de garantías, en virtud del cual los derechos humanos solo pueden tener lugar en sistemas democráticos regidos por un Estado de Derecho. Su interdependencia e indivisibilidad anticipa la imposibilidad de que exista uno sin el otro. Así, asumir la idea de fortalecimiento de las instituciones monitoras de los derechos humanos supone un ejercicio nacido en la democracia misma.

Sin embargo, la circunstancia de que ahora sean Estados democráticos los que se han alzado contra la Comisión Interamericana, como antes lo hicieron los gobiernos dictatoriales, pone en perspectiva como mínimo su contenido y su relación con los derechos garantizados internacionalmente. Lo que no deja lugar a dudas de que estamos lejos de asumir los derechos humanos como un límite al poder público, bajo lo cual la soberanía estatal no es más una bandera de lucha en éste ámbito, mucho menos para debilitar los sistemas de promoción y protección sin los cuales los derechos sustantivos terminarían siendo ilusorios, por decir algo.

La hostil postura de ciertos países latinoamericanos a mi parecer confirma que el fortalecimiento del SIDH es un test aún prematuro en dichas sociedades, una idea que puede verse reforzada en el incumplimiento de la mayoría de las decisiones interamericanas, sin menoscabo de los grandes avances, como hecho contradictorio de los Estados mismos en querer reducir un Sistema frente al cual respetan mínimamente sus obligaciones internacionales.

Poner entredicho la independencia de los órganos jurisdiccionales en cada decisión en que un Estado ha resultado desfavorecido, para luego plantear el rechazo a su jurisdicción contenciosa, pone en perspectiva también que seguimos lejos de concebir un sistema interamericano bajo un tribunal jurisdiccional único y permanente, una jurisdicción contenciosa obligatoria, y un procedimientos de supervisión de ejecución de sentencias más eficiente, por situar los principales cambios introducidos por el Protocolo No.11 al Convenio Europeo.

En lo que a la democracia respecta es claro que esta no basta con la sucesión de poderes bajo elecciones “libres”, sino también en la garantía y respeto a los derechos, la contradicción de esos ideales que parece surgir ahora es una muestra más de que esos conceptos básicos no han sido asimilados, y solo en esa lógica la minimización de aquellas instituciones tiene acomodo.

http://www.asuntosdelsur.org/el-fortalecimiento-del-sidh-un-prematuro-test-para-las-jovenes-democracias-latinoamericanas/

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La solución del diferendo con Colombia. El regreso al camino del fracaso.

Por Byron Cárdenas Velásquez

 

Mucho se ha hablado del ya famoso fallo de la Corte Internacional de Justicia que después de once años de litigio resolvió el diferendo limítrofe entre Nicaragua y Colombia. Para Colombia significó el reconocimiento definitivo de su soberanía en el Archipiélago de San Andrés y Providencia y otros cayos, y para Nicaragua la ampliación de su frontera marítima más allá del meridiano 82, es decir, hasta las 200 millas náuticas. 

El fallo ha tenido muchas lecturas y seguirá dando mucho más en la medida que se devele su contenido y las implicaciones en las nuevas relaciones jurídicas y diplomáticas a que dará lugar. De igual modo, en las posibles afectaciones a los pobladores de las islas concernidas. Desde un punto de vista esencialmente jurídico la sentencia no da lugar alguno a nuevos planteamientos ante el Tribunal si se parte del factor inimpugnable de sus sentencias. En ese escenario, las apreciaciones subjetivas –de conformidad o disconformidad- del sentido salomónico de la “justicia” de que se ha hecho acreedor el tribunal termina siendo tierra de nadie, en donde la Corte no tiene nada que decir.

En sentido estricto la sentencia expresa el acto de culminación del proceso ante la instancia jurisdiccional que termina siendo de ineludible cumplimiento para las partes. Sin embargo, también puede entenderse como una manifestación indefectible del fracaso de la vía del díalogo, la negociación y de los mecanismos extrajudiciales para resolver el citado diferendo.

Es así, que por once años los dos países no pudieron encontrar un camino fuera del ámbito judisdiccional para resolver la disputa, aunque cierto es que al margen de una obligación jurídica de llegar a tal concertación; pues todo surgía de las principios básicos de buena vencindad, cooperación y soberanía, entre otros, que rigen las relaciones internacionales. De es modo, las posiciones divergentes de los Estados sobre la interpretación y validéz del tratado Bárcenas Meneses- Esguerra tuvieron como último destino la Corte Internacional, donde lo resuelto no podía quedar más al arbitrio de los Estados.

No obstante, el carácter declarativo de la sentencia internacional revela su falta de ejecutividad, por defecto de un órgano en el ámbito internacional que cohersitivamente pueda ejecutarla. Esto trae el asunto a un camino ya conocido para los Estados concernidos, esto es, el retorno a la vía donde en principio fracasaron y que dio lugar al mismo litigio, es decir, la vía del diálogo y la concertación, eso sí, esta vez no para resolver la disputa sino para encontrar la forma de acatar el fallo.

Así pues, no es extraño que una semana después de que el presidente M. Santos haya hecho lo suyo para evitar la debacle política y un posible efecto dominó en sus eventuales aspiraciones políticas, se haya retractado de su discurso inicial de “no cumplimiento de la sentencia” y “posible retiro de Colombia de la jurisdicción contenciosa de la Corte”, par ahora trasladar a Nicaragua una postura de concertación para resolver los problemas aleatorios que devela el cumplimiento de la sentencia. No deja de tener sentido su postura si se considera la inviabilidad de las primeras en el concierto internacional.

Por otra parte, es un hecho que este ha sido un asunto menos de Nicaragua ante la Corte pero no creo que el último con Colombia, sino el inicio de un nuevo tiempo para los dos; y me gustaría pensar de una nueva oportunidad, para resolver por aquel camino los futuros asuntos que por la naturaleza de las cosas sucederán en el nuevo territorio nica, especialmente relacionado al aprovechamiento de las riquezas del fondo marino y del derecho y control de la pesca de los pobladores isleños.

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Del incumplimiento de la sentencia interamericana Yatama contra Nicaragua a la aprobación del Convenio 169 de la OIT.

Por Byron Cárdenas Velásquez

Se cumplen casi dos años de la ratificación del citado Convenio por Nicaragua, más derechos, más mecanismos de supervisión de los derechos de las minorías indígenas. Más protección, por tanto, sería una conclusión ingenua, sino vemos los derechos en el contexto de zozobras y paradojas que viven los derechos humanos en Nicaragua.

No voy a negar la obviedad de que no se ha dejado de hacer “algo” a favor de los derechos de las comunidades indígenas y en otros ámbitos también. Sin embargo, no voy a extenderme en esto, pues me resulta ocioso empezar aquí a citar todos los tratados suscritos por Nicaragua, que no son pocos, y parece nunca acabar con los últimos ratificados. En fin, nadie los conoce, nadie los lee, y en consecuencia, nadie los aplica. Sobre esto último que quiero decir algo.

Es indefectible que todos estos tratados, declaraciones, convenciones, etc. son una buena decoración de interiores en los informes ante los Comité de la ONU, en los copy y paste de algunos artículos en las escuetas sentencias de la Suprema Corte y en algunas compilaciones de tratados internacionales ratificados por Nicaragua. Tampoco dejan de tener su encanto para abanderar marchas de muchas ONG, de partidos políticas, incluso, de la misma Iglesia católica, últimamente. El tema parece penetrar y calar mucho más en aquellos que siempre han accedido a una educación formal, que hasta se atreven a citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, mientras aprueban una reforma al presupuesto para reducir el monto a educación y salud, por decir algo.

La dualidad en el discurso político es quizás la causa de su incumplimiento. En 30 años hemos pasado de un país “sin derechos” a uno desbordado por derechos contenidos en tratados, convenciones, declaraciones, soft law y todo lo que surja del sistema internacional. Desde un punto de vista estrictamente formal, no se podría señalar a Nicaragua como un país atrasado en materia de derechos humanos. Yo he dejado mis dudas y estoy completamente convencido de que el instrumento que le pongan enfrente Nicaragua lo ratificará e intentará hacerlo antes que otros. Así aprobó la Declaración de los derechos de la madre tierra, mientras tanto la frontera agrícola, el tráfico de madera auspiciado y controlado desde siempre por los gobiernos de turno, y la contaminación de lagos, ríos, etc. siguen creciendo exponencialmente.

Hablar sobre las contrariedades que suponen los derechos humanos en el segundo país más pobre de América Latina es inagotable. Se puede seguir relativizando que antes teníamos menos derechos que ahora, pero mientras los mecanismos internos de tutela sigan siendo la fuente originaria de la mayor parte de casos ante los tribunales internacionales de derechos humanos, como resultado de inaplicabilidad de los tratados, hará que colapsen los segundos; como consecuencia natural de la deterioro de los derechos en los Estados que algún día decidieron someterse a una jurisdicción internacional. Como Nicaragua, que si bien hasta ahora solo ha sido condenado 3 veces por la Corte IDH, los Comités de la ONU le ha hecho ver mucho más.

Retomando el título de este post, si cumplir la citada sentencia sería un buen ejercicio de coherencia, en esa línea yo no esperaría el concurso institucional que exige el citado Convenio; por el contrario sí veo un gran cúmulo que acciones que supondrá el previsible asunto de las tierras comunales por el canal interoceánico, por la continua invasión de “colonos” y la explotación de sus recursos naturales, entre otros asuntos de vieja data.

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Caso Yatama. Una violación continuada de derechos humanos

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Por Byron Cárdenas Velásquez

El próximo cuatro de noviembre tendremos elecciones municipales en Nicaragua. La contienda electoral, como en las anteriores elecciones, estará marcada por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Yatama contra Nicaragua. En todo caso, porque ésta pone en perspectiva la vieja cuestión de las reformas a la Ley Electoral, la Ley de Amparo y la propia Constitución Política, por una parte en relación a la restrictiva forma de participación política y, por otra parte, en cuanto a la inimpugnabilidad de las decisiones del CSE en materia electoral.

Como se sabe, el citado fallo dejó establecido que la figura de los partidos políticos limita el ejercicio de los derechos políticos de Yatama, por cuanto constituye una forma de participación que excluye la participación política de tal organización indígena bajo sus propias formas de organización y de acuerdo a sus usos y costumbres. Así pues, Nicaragua fue exigida a suprimir aquellos elementos discriminatorios contrarios a los criterios de igualdad para adecuarlos a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Asimismo, la CIDH estableció que Nicaragua debía reformar el contenido restrictivo sobre el ejercicio del recurso de amparo en materia electoral, regulado en los artículos 173.14 de la Constitución Política, 1 de la Ley Electoral y 53.4 de la Ley de Amparo, en vista que éste sustrae del control judicial ciertas decisiones jurisdiccionales del Consejo Supremo Electoral (CSE) que afectan derechos humanos.

Si bien, el fallo de la CIDH ha sido considerado como un punto de inflexión en cuanto al reconocimiento y la protección de los derechos políticos de los pueblos indígenas, en Nicaragua aquel reconocimiento no se ha traducido en medidas legales para garantizar su ejercicio bajo los parámetros interamericanos. De tal modo han transcurrido más de once años desde las reformas legales que dieron origen a la disputa internacional, y siete desde la sentencia de la CIDH sin que al día de hoy exista una propuesta formal para reformar las citadas disposiciones legales.

Hay que hacer notar que el incumplimiento del fallo nunca se ha justificado en cuestiones legales, pues, la misma Constitución Política prevé el procedimiento bajo una mayoría calificada para realizar las reformas constitucionales. Por tanto, los obstáculos han sido eminentemente políticos, toda vez que en términos prácticos ha exigido el consenso de las bancadas en la Asamblea Nacional.

La incontestable falta de voluntad política de Nicaragua para cumplir con la sentencia ha quedado retratada en diversas resoluciones de la CIDH sobre el cumplimiento de las medidas de reparación. Mientras tanto los beneficiarios han hecho lo propio en no comprometer sus alianzas políticas y evitar el papel de víctima que un día les llevó al tribunal interamericano.

No parece extraño, entonces, que la situación de conveniencia de los implicados en la ejecución del fallo haya mantenido las citadas enmiendas al margen de las pasadas discusiones sobre la reforma a la Ley Electoral. La manifiesta complicidad de todos los actores políticos, tristemente, se ha decantado por perpetuar en el tiempo los efectos jurídicos del incumplimiento de las reparaciones ordenadas por la CIDH, minando, aún más, el maltrecho sistema interno de tutela de los derechos.

Así pues, la persistencia de las circunstancias legales que dieron origen al caso ha discurrido en una situación continuada de violación de derechos. En un primer momento, porque la lesión al derecho a la participación política y al derecho a un recurso efectivo contra las decisiones del CSE sigue viva, como consecuencia del incumplimiento del citado fallo. De igual modo, porque las disposiciones lesivas de aquellos derechos siguen produciendo efectos ininterrumpidos en el tiempo, que han trascendiendo ya el caso concreto y afectan a todos los actores políticos inmersos en los sucesivos procesos electorales.

Así las cosas, el panorama político actual no parece ofrecer expectativas para unas enmiendas destinadas a interrumpir la situación continuada de violación de derechos. Más aun, ha dejado de ser un asunto gubernamental, o nunca lo ha sido, que comprometa su credibilidad internacional. Aunque en el ámbito interno la trascendencia del caso es cada vez más imperceptible hay que recordar que en el ámbito internacional toda violación de derechos comporta una obligación de reparar sus consecuencias. En consecuencia Nicaragua indefectiblemente deberá cumplir con la sentencia.

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La responsabilidad corporativa. ¿Un asunto de derechos humanos?

Por Byron Cárdenas Velásquez

El mundo empresarial y todo lo que le concierne en principio no parece tener vínculo alguno con los derechos humanos, más aun si se toma en cuenta que el ámbito privado ha sido un asunto extraño en el terreno de la tutela de derechos. Las asimetrías entre las actividades corporativas y los derechos humanos han tenido como colofón la falta o débil regulación jurídica de su impacto en el ámbito de los derechos, a pesar de que estos agentes especializados desempeñan funciones que afectan las relaciones laborales, sanitarias, medioambientales.

La creciente actividad comercial ha puesto en evidencia el impacto de muchas empresas transnacionales, sus filiales y empresas locales en el ejercicio y garantía de los derechos humanos en las sociedades en las que operan, principalmente en países periféricos o en conflicto. Por tanto, los derechos humanos en la corriente actual plantean su afirmación no solo frente al Estado sino también frente al poder privado, por cuanto aquellas actividades corporativas que lesionan derechos no pueden quedar sustraídas del control judicial o extrajudicial.

En efecto, las infracciones derivadas de estos agentes económicos ha sido un asunto de interés de las Naciones Unidas desde principios de los años 90. Sin embargo, hasta el año 2005 el asunto fue retomado mediante el mandato del “Relator Especial para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, John Ruggie, quien en marzo del 2011 presentó los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos” (A/HRC/17/31).

Los “Principios Rectores” no pretenden dar soluciones a las cuestiones que plantean las actividades corporativas en materia de derechos, no obstante, hay que verlos como el comienzo de un largo camino para establecer criterios jurídicos vinculantes para los Estados y las empresas mismas. La aportación normativa, por tanto, no radica en el establecimiento de nuevas obligaciones internacionales sino en “precisar las implicaciones de las normas y métodos actuales para los Estados y las empresas” de forma que puedan mejorar los mecanismos existentes en base a las obligaciones internacionales actuales (positivas y negativas) de los Estados.

Una de los aportes más interesantes del documento es el reconocimiento de las empresas como un “tercero” capaz de afectar directamente ciertos derechos humanos. Tal afirmación puede ser una vía para el posible establecimiento de responsabilidad indirecta de un Estado por las violaciones que cometa una empresa en su territorio o jurisdicción, en virtud de la inobservancia del deber de protección; bien por los escasos mecanismos legales para prevenir, investigar y castigar, o bien para la inexistencia de medios para reparar los abusos cometidos por agentes privados, como una empresa.

De igual forma, un Estado podría verse comprometido por las actividades de una empresa domiciliada en su territorio que impliquen violaciones en otro Estado, si  la empresa está bajo su propiedad o es apoyada por algún organismo público, pues cuando más se aproxime al Estado más justificación tiene la observancia del deber de protección. Por consiguiente, la existencia de una política coherente en materia de derechos humanos sería una forma de intentar asegurar que las empresas domiciliadas en su territorio, bajo su propiedad o apoyadas por éste respetan los derechos en sus actividades extraterritoriales.

Para las empresas, por su parte,  el deber de protección no sería menor que para el Estado. No bastaría hablar de responsabilidad social corporativa bajo criterios restringidos a la promoción de derechos si en sus actividades esenciales no los respetan. En ese sentido, los “Principios Rectores” establecen que las empresas deben operar bajo la debida diligencia para “identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos”, bajo los mecanismos judiciales y extrajudiciales existentes en el país donde operan.

En Nicaragua es de conocimiento público que las operaciones de las empresas textiles, empresas agrícolas, mineras, de construcción, por citar algunas, han sido noticias por las consecuencias negativas de sus actividades en el medio ambiente, derechos laborales, salud de sus empleados y por no reparar los daños causados. En gran medida porque han encontrado en el Estado la complicidad necesaria para operar sin la debida diligencia y bajo ningún parámetro normativo de respetar los derechos humanos.

La perspectiva de derechos humanos a estos viejos asuntos trae a colación la necesidad de repensar la forma de hacer negocios. Un buen comienzo sería el diálogo para allanar el camino a la aplicación conjunta de los “Principios Rectores”, como criterios irrenunciable en las contrataciones públicas, en las concesiones de explotación de recursos naturales, y también para reforzar los mecanismos internos de tutela de derechos en el marco de una política de derechos humanos que no tenga como límite el capital privado.

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El nuevo concepto de familia ¿un cambio de paradigma?

 

Familias diversas en un mundo diverso.

Por Byron Cárdenas Velásquez

Hace pocas semanas la Asamblea Nacional aprobó en lo general el proyecto de Código de Familia, el cual ya ha puesto en debate el nuevo concepto de familia que éste incorpora. El nuevo concepto aspira a superar el modelo tradicional de familia aún vigente y dar paso a un modelo más amplio que incluya otros miembros por los vínculos de parentesco. Como era de esperar, los sectores de la sociedad más conservadores han salido a cerrar el paso a cualquier posibilidad de que el nuevo concepto incluya también a las parejas del mismo sexo.

En efecto, el nuevo modelo de familia no se restringido únicamente a los progenitores y sus hijos por vínculos del matrimonio o la unión de hecho, sino que es ampliado a otros miembros como los abuelos, tíos o primos. Sin embargo, bajo el nuevo modelo no están previstas las familias monoparentales, es decir, las que son integradas por uno de los progenitores y sus hijos, tampoco las parejas del mismo sexo. En este último caso, porque el matrimonio y la unión de hecho entre éstos no están prescritos en la ley.

La fuerza de los argumentos legales para establecer la opción sexual como un criterio legal limitador del derecho a una familia, ciertamente, no encuentran su fundamento en el principio de igualdad y no discriminación; por el contrario, despeja las dudas sobre las posibles intromisiones a ciertos derechos individuales de las parejas homosexuales o lesbianas. La misma deducción puede inferirse en el supuesto de una familia monoparental donde uno de los progenitores, con la custodia de los hijos, decide fundar un nuevo núcleo familiar con una persona de su mismo sexo.

En ese escenario, ¿es posible que la protección de un modelo único de familia entre en conflicto con las normas internacionales de derechos humanos? La respuesta a esta cuestión no la encontramos en el proyecto de ley, para ello habrá que recurrir a los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de su reciente sentencia Atala Riffo y niñas vs. Chile, en la que, precisamente, resuelve la cuestión aludida.

En el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile un judicial chileno concibió la opción sexual de una mujer a las personas de su mismo sexo como un riesgo para el interés superior de sus hijas, concebidas en su anterior relación, por lo cual decidió mediante sentencia, separarlas de su madre argumentando el derecho de las niñas a una familia tradicional y normal. No obstante, la decisión luego sería declarada por la CIDH contraria a la igualdad y no discriminación y violatoria de una serie de derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La CIDH sostuvo que en la CADH “no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo tradicional de la misma”. Por lo tanto, dicho concepto no está reducido al matrimonio y “debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio”. En ese mismo sentido, sostuvo que tampoco se puede aplicar el interés superior del niño “para amparar la discriminación en contra de la madre o el padre” por su orientación sexual. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración ésta como elemento para decidir sobre una tuición o custodia.

Así pues, a mi parecer las regulaciones sobre el nuevo concepto de familia no reflejan una modificación en coherencia con los derechos humanos, por el contrario, asistimos a un modelo de familia en claro conflicto con la CADH. Un conflicto legal que no puede quedar al margen de la trascendencia normativa de dicho tratado, es decir, su estatus constitucional en la legislación nicaragüense.

Por último, hay que hacer notar que en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos Nicaragua está obligada a adecuar su legislación a la CADH, y en el caso de la sentencia de la CIDH es irrebatible que le vincula jurídicamente en virtud de sus efectos erga omnes; por consiguiente, no puede legislar al margen de aquellos criterios jurisprudenciales.

http://www.elnuevodiario.com.ni/blogs/articulo/961-nuevo-concepto-de-familia-cambio-de-paradigma

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